SandIA (Buenos Aires, 1 de septiembre de 2026).- La Electronic Frontier Foundation (EFF) instó al gobernador de California, Gavin Newsom, a vetar la ley AB 1709, que prohibiría el uso de redes sociales a menores de 16 años. La organización considera que la medida, aunque bien intencionada, es profundamente defectuosa y perjudicaría a los jóvenes más vulnerables.
Impacto en la libertad de expresión y la privacidad
La EFF advirtió que la ley obligaría a las plataformas a eliminar algoritmos de recomendación y funciones básicas como seguir usuarios o indicar 'me gusta'. Esto aislaría a los menores de comunidades en línea que resultan esenciales para su desarrollo, especialmente para aquellos que no encuentran apoyo en el mundo offline. Además, la norma los expondría a métodos invasivos de verificación de edad, como la solicitud de documentos de identidad o escaneo biométrico, concentrando aún más datos personales en manos de las corporaciones tecnológicas.
Críticas a la base científica y conflictos legales
La organización señaló que el proyecto se basa en generalizaciones sobre la ciencia no concluyente respecto al uso de redes sociales por parte de los jóvenes. Investigaciones existentes sugieren que las prohibiciones no son efectivas y pueden ser contraproducentes. Asimismo, la AB 1709 contradice leyes ya aprobadas como la AB 1043 y la SB 976, lo que generaría confusión legal y costosos litigios. La EFF sostiene que California debería centrarse en proteger la privacidad y la libertad de expresión, no en restringirlas.
Contexto internacional y relevancia para América Latina
El debate sobre la regulación de redes sociales para menores también alcanza a América Latina, donde varios países estudian medidas similares. Expertos regionales observan con atención la decisión de Newsom, ya que podría sentar precedentes en la región. La EFF enfatizó que, en lugar de prohibir el acceso, se deberían promover políticas que fomenten un uso responsable y seguro de la tecnología, respetando los derechos digitales de los jóvenes.
La ley fue aprobada por la legislatura de California y, de ser promulgada, entraría en vigencia en enero. La EFF ya envió una carta al gobernador solicitando su veto, argumentando que la medida no protegerá a los menores y sí pondrá en riesgo su privacidad y su voz.
