Un sector transformado desde 2013
El memorándum presidencial reemplaza una política de 2013 firmada por el expresidente Barack Obama. Ambos documentos comparten el énfasis en apoyar a la industria espacial comercial y subrayan la importancia del acceso asegurado al espacio, pero el sector cambió enormemente desde entonces.
El año pasado se registraron 176 intentos de lanzamiento orbital desde suelo estadounidense, casi diez veces más que en 2013. SpaceX lideró la actividad con 165 lanzamientos orbitales de su cohete Falcon 9, más cinco vuelos de prueba suborbitales del mucho más grande Starship.
La meta de 1.000 lanzamientos anuales
“Para 2030, nuestros rangos de transporte espacial deben crecer para respaldar más de 1.000 lanzamientos y reentradas cada año”, dice la política. “Las políticas establecidas en este memorándum asegurarán la superioridad continua de Estados Unidos en el espacio”.
El aumento proyectado está impulsado por la demanda comercial y militar de servicios de comunicaciones, vigilancia aérea, targeting basado en el espacio y centros de datos orbitales. También se busca una mayor eficiencia en la programación de rangos en puertos espaciales federales, equilibrando las necesidades de usuarios comerciales y misiones gubernamentales.
Nuevos sitios federales y resiliencia geográfica
La administración ordenó al Departamento del Interior identificar tierras federales para un sitio adicional de reentrada designado. Esto se suma a un estudio del Pentágono que recomienda un tercer sitio de lanzamiento pesado en el país. “Probablemente necesitamos otro sitio con capacidad de lanzamiento pesado y súper pesado, tanto desde una perspectiva de resiliencia como por las limitaciones de espacio en el Cabo”, dijo el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink.
El general Chance Saltzman, jefe de la Fuerza Espacial, añadió que se necesita aumentar la capacidad y considerar la resiliencia geográfica, con ubicaciones separadas para no depender solo de los dos puertos actuales. Además, se busca agilizar los procedimientos de permisos y revisiones ambientales, y cobrar tarifas a las empresas comerciales que operan en instalaciones federales.
